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El Parlamento Europeo aprueba el acuerdo comercial con Canadá

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El acuerdo llega en momentos donde el proteccionismo avanza. Conocido como CETA ha sido aprobado por el Parlamento Europeo tras siete años de negociaciones.

La alianza elimina los aranceles de la mayoría de bienes y servicios con la idea de potenciar el intercambio entre Canadá y los países de la Unión. Las instituciones europeas estiman que las exportaciones (35.200 millones de euros en 2016, frente a 29.100 millones de importaciones de Canadá) podrían aumentar más de un 20% con la entrada en vigor del acuerdo y podría generar un aumento del PIB europeo de 12.000 millones de euros al año. Europa exporta principalmente maquinaria e industria química, mientras Canadá vende en Europa minerales y también maquinaria.

Eurostat (oficina estadística europea), por su parte, informó cifras alentadoras en el ámbito de comercio internacional de bienes de la zona del euro con el resto del mundo el pasado mes de diciembre, mes en el que se registró un superávit de 28.100 millones de euros, 3.700 millones menos que en el mismo mes del año precedente, cuando el excedente fue de 24.400 millones. El comercio entre los propios socios de la eurozona en diciembre creció un 5 % frente al mismo mes del año anterior y alcanzó los 137.400 millones de euros. Por su parte, la UE registró en el último mes de 2016 un superávit de 20.900 millones de euros en el comercio de bienes con el resto del mundo, ligeramente superior al de diciembre de 2015, cuando el excedente fue de 20.600 millones, según la primera estimación difundida por Eurostat. Las exportaciones de bienes de los Veintiocho ascendieron en diciembre a 164.400 millones de euros, un incremento del 5 % en relación con el mismo mes de 2015 (156.100 millones), en tanto que las importaciones sumaron 143.500 millones, un aumento del 6 % frente a diciembre del año anterior, cuando fue de 135.400 millones. Los intercambios entre los Veintiocho llegaron a los 247.700 millones de euros, un 5 % más que en diciembre de 2015

El pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo aprobó por mayoría el Tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá después de siete años de negociadores e intensa oposición en las calles europeas. La votación se definió por 408 eurodiputados a favor, frente a 254 en contra. Pese a las protestas antiglobalización y la influencia proteccionista de Trump, el CETA se convierte en un símbolo y presenta nuevos debates, las fuerzas antiglobalización quieren evitar que un triunfo del acuerdo se convierta en precedente para futuros acuerdos de libre comercio. Los populares europeos defienden el acuerdo. Verdes, la izquierda europea y la extrema derecha lo rechazan.

La candidata ultraderechista francesa Marine Le Pen lo llamó “el gemelo del TTIP”, la polémica Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión. El CETA dijo Le Pen “destruirá decenas de miles de empleos en Francia. La ganadería seguirá en su descenso al infierno. Los productos cárnicos más baratos de Canadá destrozarán nuestros mercados”. La estrella de la política francesa apeló como acostumbra a “el pueblo”, del que dijo “tiene que recuperar su capacidad de decidir sobre su futuro”. Le Pen amenazó por último con “dar marcha atrás al tratado” tras las presidenciales de mayo de 2017.

La aprobación de la Eurocámara es un requisito necesario para la entrada en vigor de un pacto que se había dado por muerto el año pasado, después de que la región belga de Valonia vetara el documento. Tras la resurrección, llega ahora la aprobación del Parlamento Europeo con la que el CETA entrará en vigor inmediatamente, aunque de forma provisional. Falta la ratificación de cada uno de los Parlamentos nacionales y regionales, donde corre el riesgo de atascarse de nuevo, en un momento en el que el libre comercio ha perdido parte de su atractivo para muchos votantes

Los que se oponen al Tratado temen además que las compañías multinacionales tengan vía libre para competir en sectores como la salud, la educación o los servicios sociales. El texto garantiza también el derecho de los Estados a decidir cómo se organizan esos sectores.