Región:
México
Categoría:
Política
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Informados

El Gobierno de Yucatán compró ilegalmente equipo de espionaje

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México
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Autor/es:
Por Miguel Sangineto
Fecha de publicación:
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Una filtración publicada por Wikileaks reveló que México es el principal comprador de estos programas y el gobierno de Yucatán figura entre los clientes de Hacking Team

Un análisis jurídico de la organización Derechos Digitales publicado ayer indica que el gobierno de Yucatán violó la Constitución al comprar el software espía de la firma italiana Hacking Team, porque el artículo 16 constitucional establece que sólo la Procuraduría General de la República (PGR), las procuradurías estatales, el Cisen y la Policía Federal pueden solicitar permiso a un juez federal para intervenir comunicaciones.

Hacking Team es una empresa italiana que diseñó los programas “Galileo” y “Da Vinci”, que pueden infectar cualquier computadora o tableta con un virus que permite extraer todos los datos del dispositivo electrónico.

Una filtración publicada por Wikileaks en julio de 2015 reveló que México es el principal comprador de estos programas y el gobierno de Yucatán figura entre los clientes de Hacking Team.

El estudio de la organización Derechos Digitales detectó que los programas de espionaje se han utilizado con fines políticos; por ejemplo, en el estado de Puebla (donde la compra también fue para “la oficina del gobernador”) las filtraciones documentan el seguimiento a las comunicaciones de periodistas y políticos de oposición.

“Considerando la relación cercana que nuestra región tiene con el autoritarismo, es especialmente preocupante que las autoridades cuenten con herramientas de este tipo”, dice el informe presentado.

Los programas “Galileo” y “Da Vinci” sirven para conocer llamadas telefónicas, mensajes de texto y de cualquier aplicación tipo chat, contraseñas, fotografías, localización en tiempo real, control de cámaras y micrófonos de cualquier dispositivo electrónico.

El documento de Derechos Digitales sostiene que la potencia del software pone en peligro los derechos humanos y al debido proceso, ya que la ciudadanía no tiene forma de saber si las autoridades hacen buen uso de los programas.

El análisis jurídico indica que la legislación mexicana para intervenir comunicaciones privadas es robusta, pero en la práctica es imposible conocer cómo las autoridades fundan y motivan sus solicitudes para seguir las comunicaciones de ciudadanos.

Hacking Team “tiene acceso a prácticamente todo, lo cual abre la puerta a todo tipo de abusos”, dice el documento del análisis.

El estudio Malware para la vigilancia en América Latina concluye que los programas se utilizan en prácticamente todo el continente sin un marco legal que garantice el respeto a los derechos humanos.

El software de espionaje que vendió Hacking Team a diferentes niveles de gobierno en México opera bajo un esquema legal que no garantiza el respeto a los derechos humanos y al debido proceso, además de que es altamente intrusivo.

El informe detalla que dependencias de los gobiernos del Estado de México, Puebla, Tamaulipas, Yucatán, Durango, Jalisco, Baja California y Petróleos Mexicanos compraron programas para extraer datos de celulares, tabletas y computadoras sin tener facultades constitucionales para ello.

En México este tipo de programas se adquirieron con el pretexto de combatir bandas del crimen organizado y asuntos de seguridad, pero el archivo presentado, dice que los gobiernos estatales que adquirieron los servicios de Hacking Team lo hicieron a través de las “oficinas del gobernador”, por lo que no hay certeza sobre a quién están interviniendo y bajo qué condiciones.

Los gobiernos que usan estos programas pueden “infectar” todo tipo de dispositivos electrónicos a través de redes Wifi, con memorias USB, con archivos que se mandan por correo electrónico o incluso con videos de YouTube, agrega el informe de Derechos Digitales.